La Unión Europea presenta nuevas medidas con el fin de privar a los terroristas de los medios para planear, financiar y desarrollar su actividad

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La Unión Europea presenta nuevas medidas con el fin de privar a los terroristas de los medios para planear, financiar y desarrollar su actividad - 03 mayo 2018

El 17 de abril de 2018, seis meses después de la aprobación del paquete antiterrorista de octubre de 2017, la Comisión Europea ha propuesto nuevas medidas para incrementar la seguridad de los documentos de identidad y reducir la falsificación; facilitar a las autoridades policiales y judiciales el acceso a las pruebas electrónicas y la información financiera; restringir aún más el acceso de los terroristas a los precursores de explosivos y reforzar los controles sobre la importación y la exportación de armas de fuego.

 
Proteger mejor a los ciudadanos europeos es una prioridad colectiva de primer orden, como se ha expresado en la Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europea para 2018-2019. El conjunto de medidas recientemente presentadas por la Comisión acelerará aún más los trabajos en curso a escala de la Unión Europea orientados a mejorar la seguridad interna y cerrar los resquicios aún existentes. 
 

ANTECEDENTES

 
El 14 de diciembre de 2017, el Presidente de la Comisión Europea junto con el presidente del Parlamento Europeo y el presidente en ejercicio del Consejo y primer ministro de Estonia, firmaron una nueva Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019. La Declaración recoge 31 nuevas propuestas legislativas presentadas por la Comisión, que son objetivos prioritarios para su adopción por el Parlamento y el Consejo ante la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en 2019.

La Declaración Conjunta determina siete ámbitos prioritarios, el primero de los cuales es la mejor protección de la seguridad de nuestros ciudadanos, asegurando que las autoridades de los Estados Miembros tengan conocimiento acerca de quién cruza nuestras fronteras exteriores comunes, con sistemas de información de la Unión Europea interoperables en materia de seguridad, disponiendo de antecedentes penales, mediante la gestión de las fronteras y de la migración, reforzando nuestros instrumentos para la lucha contra el terrorismo y contra el blanqueo de capitales, y reforzando la competitividad y la innovación del sector de la defensa de la Unión con un Fondo Europeo de Defensa.

NUEVAS NORMAS
 

Mejorar las características de seguridad de los documentos de identidad para poner freno a la falsificación.

La Comisión Europea propone mejorar las características de seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión Europea y de los documentos de residencia de los miembros de sus familias que no sean nacionales de la Unión Europea, al estimar que 80 millones de europeos poseen documentos de identidad que no permiten la lectura mecánica y no contienen identificadores biométricos (que tanto terroristas como delincuentes podrían aprovechar para entrar en la Unión Europea desde fuera de sus fronteras). Para evitarlo propone:

  • El establecimiento de normas mínimas comunes de seguridad en toda la Unión Europea, de conformidad con las normas mínimas de seguridad fijadas por la Organización de Aviación Civil InternacionaI (OACI).
  • La obligatoriedad de la inclusión de datos biométricos en los países que cuentan con documentos de identidad. Se establecen, al mismo tiempo, salvaguardias más sólidas sobre el derecho de acceso a esos datos biométricos.
  • El desarrollo de un proceso de sustitución rápido pero progresivo de los documentos no adaptados a estas normas en su fecha de expiración en un plazo máximo de cinco años, y de los documentos menos seguros en un plazo de dos años.

Luchar contra la financiación del terrorismo.

Con objeto de permitir a las autoridades policiales el acceso oportuno a la información financiera necesaria para la investigación de delitos graves (incluida la información sobre cuentas bancarias y los análisis financieros), la Comisión propone una nueva Directiva que regula:

  • El acceso directo a información sobre cuentas bancarias. Las autoridades policiales y los organismos de recuperación de activos tendrán acceso directo,  únicamente en casos de terrorismo o delitos graves y determinado caso por caso, a la información sobre cuentas bancarias almacenada en registros nacionales centralizados, lo que permitirá a las autoridades identificar las entidades en las que un sospechoso posea cuentas.
  • La mejora de la cooperación. la Directiva prevé una mejor cooperación entre las autoridades policiales nacionales y las unidades de información financiera (UIF) nacionales, así como entre diferentes Estados miembros. 

Reforzar las normas sobre precursores de explosivos y sobre importación y exportación de armas de fuego.

Los terroristas han empleado explosivos de fabricación casera en muchos ataques perpetrados en Europa en los últimos años. Se propone ahora el refuerzo de las normas actualmente vigentes sobre la comercialización y el uso de precursores de explosivos mediante:

  • La prohibición de nuevas sustancias químicas. Se añadirán nuevas sustancias químicas a la lista de sustancias prohibidas que podrían usarse para obtener explosivos de fabricación casera. Las nuevas normas serán plenamente aplicables a las ventas en línea.
  • La finalización de los actuales sistemas de registro que se consideran débiles desde el punto de vista de la seguridad.
  • El aumento del celo en la concesión de autorizaciones y en las inspecciones.
  • Transmisión de información mejor y más rápida. Las nuevas normas obligan a las empresas a informar a las autoridades responsables sobre cualquier operación sospechosa en el plazo de 24 horas.

El tráfico de armas de fuego sigue siendo una preocupación grave para la seguridad europea, motivo por el cual  la Unión Europea actualiza las normas sobre su exportación e importación incluyendo:

  • Mejoras en los procedimientos de control. Los Estados miembros deben llevar a cabo controles sistemáticos sobre todas las personas físicas que soliciten una autorización de exportación, en particular haciendo uso del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
  • Refuerzo del intercambio de información. Los Estados miembros deben hacer un uso mejor y más sistemático de la información, que incluya la actualización periódica del sistema de información para el control de la exportación de armas convencionales (COARM) y el mantenimiento de una base de datos nacional única de autorizaciones y denegaciones. Además, deben facilitar a la Comisión estadísticas detalladas sobre la importación y la exportación de armas de fuego a más tardar el 1 de julio de cada año.

La Comisión Europea además ha propuesto nuevos instrumentos para la recogida de pruebas electrónicas, como correos electrónicos o documentos guardados en la nube que son necesarios para investigar, enjuiciar y condenar a delincuentes y terroristas:

  • Creación de una orden europea de entrega, que permitirá a la autoridad judicial de un Estado miembro solicitar pruebas electrónicas directamente a un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro Estado, que tendrá la obligación de responder en un plazo de diez días, y en un plazo de seis horas en caso de urgencia.
  • Generación de una orden europea de conservación, que permitirá a la autoridad judicial de un Estado miembro obligar a un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro Estado miembro a conservar unos datos específicos que permitan a la autoridad solicitar esa información más adelante, mediante la asistencia judicial mutua, una orden europea de investigación o una orden europea de presentación.
  • Inclusión de garantías y vías de recurso sólidas. Ambas órdenes solo podrán ser emitidas en el marco de procesos penales y se aplicarán todas las garantías procesales del Derecho penal.
  • Los prestadores de servicios estarán obligados a designar un representante legal en la Unión Europea, para garantizar que todos los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en su territorio estén sujetos a las mismas obligaciones, aunque tengan su sede en un tercer país.

                                                                              
Fuente: Unión Europea.

 

 
 
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