Mozambique: La amenaza yihadista continúa su expansión

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12 de noviembre 2020
Mozambique: La amenaza yihadista continúa su expansión

La crueldad, frecuencia e impacto de los ataques de la insurgencia islamista mozambiqueña —Ahlu-Sunnah Wa-Jama (ASWJ), principal facción yihadista nativa, también conocida como Ansar al-Sunna y Al-Shabaab (sin conexión alguna con Al Shabaab de Somalia)— sigue aumentando en el norte del país. En los últimos días, los yihadistas han decapitado a un número impreciso de personas (al menos 50, según diversos medios locales e internacionales) en un campo de fútbol. Algunos de ellos eran adolescentes entre 12 y 15 años que participaban en rituales étnicos de iniciación. Además, se han reportado secuestros de mujeres y niños. Por ello, Naciones Unidas ha condenado las masacres y ha instado a las autoridades mozambiqueñas a investigar los incidentes y a llevar a los autores ante la justicia.

Asimismo, la insurgencia sigue extendiendo su radio de acción hacia zonas del norte­ —frontera con Tanzania— y del oeste; y mantiene desde agosto el control sobre Mocimboa da Praia —pieza fundamental para el proyecto gasístico de la Península de Afungi— y aldeas circundantes. Esta situación limita tanto la ayuda humanitaria como la posible respuesta de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas, que siguen desbordadas por las masacres y ataques de los yihadistas. El creciente equipamiento con armamento de milicias locales por parte del Ejecutivo mozambiqueño, junto con la contratación de empresas de seguridad privadas, suscita dudas en torno al control efectivo de las fuerzas de seguridad estatales sobre estos grupos armados; y esta dispersión también incrementa los riesgos operativos para enfrentar con eficacia la amenaza terrorista.

Con el deterioro del contexto de seguridad, se sigue agravando la emergencia humanitaria que sufre la población local. Naciones Unidas estima que hay 355 000 personas desplazadas por la violencia, mientras que al menos 710 000 están en riesgo de sufrir hambruna aguda. La dificultad de las organizaciones humanitarias y de las fuerzas de seguridad para llegar a algunas de las zonas más afectadas, principalmente debido al control de muchas de las rutas terrestres y marítimas por parte de los grupos yihadistas, está empeorando la situación de desplazados y residentes.

De hecho, ya son varios los brotes de cólera en distintas islas de la región, adonde no llega la asistencia estatal, ni tampoco de las ONG. Por otro lado, aumentan los naufragios de embarcaciones de desplazados que intentan buscar refugio en otras provincias del país. En esta línea, las áreas próximas a la provincia de Cabo Delgado alertan de problemas de desabastecimiento y saturación en instalaciones de recepción y asistencia a desplazados, y las autoridades de Tanzania —destino de muchos de los que huyen de la violencia­— han anunciado deportaciones de un centenar de mozambiqueños.

En cuanto al apoyo regional e internacional, por el momento no se ha materializado ninguna medida concreta para asistir al país en la lucha contra el yihadismo. Respecto a la Unión Europea, la Delegación de la Unión Europea en Mozambique anunció el lanzamiento de un proyecto piloto para incentivar la formación y empleo de jóvenes mozambiqueños en materia de gas natural en la provincia de Cabo Delgado, donde se registran las tasas más altas de desempleo juvenil y pobreza del país.

El avance yihadista

Los últimos ataques yihadistas manifiestan un preocupante incremento de la crueldad. Las decapitaciones, ya vistas en otros escenarios de la acción terrorista, son una advertencia y amenaza a civiles, fuerzas de seguridad y milicias. Además, la elección de rituales de iniciación de la etnia cristiana makonde, predominante en las élites de Cabo Delgado, refleja la dimensión étnica de la violencia y agrava las tradicionales tensiones etno-políticas de la región entre la etnia mwani —de mayoría musulmana— y makonde.

Mientras tanto, el Gobierno no alcanza a reconocer el avance y control del yihadismo en el norte del país, y tampoco esclarece las supuestas violaciones de derechos humanos de miembros de las fuerzas de seguridad contra la población civil. La falta de una aproximación regional para frenar la violencia terrorista, la limitación de actuación de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas y la ausencia de una estrategia integral y comprehensiva del Ejecutivo central seguirán agravando la situación en los próximos meses.

 
 
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