10 agosto 2017 - El Secretario General de la ONU ha pedido una vez más al gobierno y a la oposición de Venezuela reanudar el diálogo en beneficio de los ciudadanos. De la misma manera, ha mostrado su apoyo a los mediadores internacionales y regionales que trabajan con ese objetivo.
En el comunicado publicado este martes por su portavoz, el Secretario General de la ONU aseguró estar convencido de que la crisis que atraviesa el país requiere una solución política basada en el diálogo y el mutuo acuerdo y no puede resolverse mediante la imposición de medidas unilaterales.
El portavoz del Secretario General de la ONU aseguró que éste sigue de cerca los acontecimientos en el país y ha mostrado su preocupación en que los recientes sucesos aumenten aún más las tensiones y alejen a Venezuela del camino hacia una solución pacífica.
Por otra parte, el pasado martes, un equipo de expertos de la ONU en Derechos Humanos reveló las conclusiones preliminares de una investigación, realizada desde el pasado mes de junio, y cuyos resultados sugieren que en Venezuela se ha producido uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva y que se han efectuado detenciones arbitrarias durante las protestas generalizadas que se están registrando en el país desde el pasado mes de abril.
La investigación está basada en entrevistas realizadas por el grupo asignado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que revelan además otras violaciones a las garantías fundamentales, que abarcan desde allanamientos violentos de viviendas y torturas así como malos tratos a los detenidos en relación con las protestas.
El informe de la ONU refiere además que más de 5.000 personas han sido detenidas arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio. Asimismo, señala que varios casos examinados mostraron indicios de que las autoridades venezolanas han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos y, en algunas ocasiones, han recurrido a métodos de tortura. Por otra parte, el informe hace referencia a la violencia de los manifestantes contra las fuerzas públicas, donde ocho efectivos de los cuerpos de seguridad fallecieron en el transcurso de las manifestaciones.
Hasta el 31 de julio, la Oficina del Fiscal General de Venezuela ha investigado un total de 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis de los expertos, las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de al menos 46 de ellas, mientras que los grupos armados progubernamentales o “colectivos armados” serían responsables de otras 27 muertes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas recordó a las autoridades venezolanas la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con las leyes internacionales de Derechos Humanos y solicitó poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, a detener las detenciones arbitrarias y liberar a los que han sido arbitrariamente detenidos.
