Adaptación al Cambio Climático (Emergencia Climática): Seguridad Nacional
06 de marzo de 2021
El pasado 24 de febrero, la Comisión Europea ha adoptado la “Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático”, que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para, en cooperación con el Comité de Regiones y el Comité Económico y Social, conseguir una Unión resistente al clima en 2050. Esta nueva Estrategia se basa en su predecesora de 2013, pero con el objetivo de pasar de la comprensión del problema al desarrollo de soluciones, y de la planificación a la aplicación. «No hay ninguna vacuna contra la crisis climática —señaló el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans—, pero todavía podemos combatirla y prepararnos para sus efectos inevitables, que ya se perciben tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Si nos preparamos hoy, mañana todavía podremos construir un futuro resiliente al cambio climático».
Sin duda, la importancia de la resiliencia social y ambiental o ecológica es cada vez más urgente, como señala el documento aprobado: «si bien la UE hace todo lo que está en su mano para mitigar el cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, debemos estar preparados para hacer frente a sus consecuencias inevitables. Desde olas de calor mortíferas y sequías devastadoras, hasta bosques y costas diezmadas, erosionadas por el aumento del nivel del mar».
Esta nueva Estrategia se enmarca en una política europea que se refleja en distintas normas, estrategias, planes y acuerdos que, de forma coordinada, persiguen la disminución de la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por un lado, para reducir el calentamiento (mitigación); y, por otro, para preparar a Europa ante los efectos inevitables de dicho calentamiento (adaptación). Por ello, enlaza con la propuesta de Ley Europea del Clima, busca las sinergias con otras áreas como la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 y será fundamental que se aplique en colaboración con todos los elementos del Pacto Verde Europeo.
Sus líneas de acción fundamentales son: mejorar el conocimiento de los impactos climáticos y soluciones de adaptación para gestionar la incertidumbre; intensificar la planificación de la adaptación y las evaluaciones del riesgo; acelerar la acción de adaptación y ayudar a fortalecer la resiliencia climática a nivel mundial.
En España, las medidas de adaptación son trascendentales para la seguridad. Muchos informes subrayan previsiones poco favorables, al igual que los efectos ya constatados en nuestro territorio. Así, y entre otras conclusiones, el Informe final PESETA IV “Los impactos del cambio climático y la adaptación en Europa” del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea subraya que «se espera que el sur sufra más que otras partes de Europa, con niveles crecientes de calentamiento, en general debido a los cambios en las temperaturas máximas y la disponibilidad espacial y temporal de agua».
En la actualidad, los datos aportados por la Organización Meteorológica Mundial, a nivel europeo por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus y en España por AEMET apuntan a que los esfuerzos para frenar el calentamiento global, al menos hasta el momento, pueden ser insuficientes para evitar efectos que afecten a la seguridad global y, por ende, de España. Buena prueba de ello es que las medidas tomadas —mayores o menores, pero mundiales— para frenar la pandemia del COVID-19 han reducido las emisiones antropogénicas; pero esta reducción, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), no será discernible en la media mundial de CO2 atmosférico. De hecho, el año 2020 ha sido uno de los tres años más cálidos registrados en el mundo.
En España, como ya recoge la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, el incremento de las temperaturas está teniendo consecuencias «como el aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, el incremento de los niveles del mar, la acidificación del océano, la desertificación, la degradación del suelo, la disminución de los recursos hídricos y la inseguridad alimentaria». Además, identificaba la región mediterránea como una de las más vulnerables de Europa. En este contexto, la Estrategia establece la preservación del medioambiente como líneas de acción prioritarias para luchar contra los efectos del cambio climático.
En enero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental, que enfatiza la incidencia del cambio climático sobre numerosos sectores económicos y los sistemas ecológicos. Este documento establece, como tercera línea de acción prioritaria, la urgencia de «invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático”. En esta línea, la aprobación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2020-2030 (PNACC) ha sido un hito trascendental. En él se definen 18 ámbitos de trabajo, que encuadran las líneas de acción de carácter sectorial y en los que colabora el Departamento de Seguridad Nacional.
Por otro lado, en febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó el documento “Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España”, que permitirá orientar futuras publicaciones sobre la evolución de los impactos y riesgos derivados del cambio climático. Estos informes se elaborarían con una periodicidad quinquenal ,según el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y serán claves para cumplir los objetivos de información asumidos en la normativa internacional y europea. Como parámetros de evaluación, el documento identifica 73 riesgos agrupados de distintos sectores y los valora en clave de urgencia, en términos de la necesidad de abordar cada uno de ellos.
