El Consejo ha prorrogado las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa, hasta el 31 de enero de 2017, tras la evaluación de la aplicación de los acuerdos de Minsk. Dichas medidas fueron introducidas el 31 de julio de 2014, inicialmente por un período de un año, en respuesta a las acciones emprendidas por Rusia que suponían la desestabilización de la situación en Ucrania, y se reforzaron en septiembre de ese mismo año. Los sectores concernidos son las finanzas, la energía y la defensa, así como el ámbito de los productos de doble uso.