España avanza en la lucha antiterrorista con nuevas operaciones y con iniciativas legislativas contra los delitos de terrorismo y su financiación

Left
Right

 

OPERACIONES – TERRORISMO YIJADISTA

 
Desde comienzo del 2018, han tenido lugar tres nuevas operaciones de lucha antiterrorista con el resultado cinco detenidos:

  • El 7 de febrero se producía la detención de una persona en Mataró (Barcelona) por un presunto delito de terrorismo.  
  • El 20 de febrero la Policía Nacional detenía en Murcia a un marroquí por adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. El detenido en Torre Pacheco (Murcia) estaba inmerso en un potente proceso de radicalización de peligrosa evolución.  
  • El 20 de febrero los servicios policiales franceses en colaboración con la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra realizaban una operación en Francia con el resultado de tres detenidos en los departamentos occitanos de Gard y Tarn (Francia), directamente relacionados con el terrorista Driss Oukabir, actualmente en prisión. Tras los atentados de Barcelona y Cambrils, una de las principales líneas de investigación todavía activa era averiguar posibles conexiones de los miembros de la célula terrorista con terceras personas que residieran fuera de España.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 227 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior.

Además de estas operaciones, los pasados días 5 y 6 de enero se producía el traslado desde París a Madrid de los efectos incautados a ETA durante años de investigación policial y judicial en Francia,  “el archivo de ETA”, mediante un convoy de camiones de la Guardia Civil. Esta entrega desarrollada como la “Operación Mémoire vivante” es  fruto del trabajo de varios años y del acuerdo suscrito en febrero de 2017 en la cumbre hispano-francesa que tuvo lugar en Málaga.

La entrega del archivo constituye una operación inédita en el ámbito europeo de seguridad y justicia y un avance sin precedentes en los mecanismos de cooperación policial y judicial.

Las autoridades judiciales francesas, en colaboración con el Gobierno de Francia, han entregado a España los efectos y documentos incautados a ETA durante los últimos 20 años: una cincuentena de sumarios instruidos por la justicia francesa, ya  concluidos definitivamente, y que corresponden a los sumarios relativos a las operaciones antiterroristas más importantes llevadas a cabo por la policía francesa en colaboración con los servicios de información españoles.

El volumen del material de este archivo se compone de miles de documentos y efectos, a los que se suman dispositivos informáticos de gran capacidad de almacenamiento (más de 40.000 folios de documentación más documentos en formato digital que se estima en bastantes cientos de terabytes). Destacan más de 300 armas y piezas de armas de todo tipo (pistolas, revólveres, armas camufladas en objetos, lanzagranadas, etc.).

El material ya se encuentra almacenado y custodiado en España cumple dos objetivos: potenciar la investigación de los crímenes de ETA sin resolver judicialmente y contribuir a dignificar la memoria de las víctimas a través del trabajo del Centro Memorial con sede en Vitoria, y reconocer el valor del intenso combate que España y Francia han llevado a cabo contra ETA.
 
 

AVANCES LEGISLATIVOS

 
El Consejo de Ministros recibía el pasado 9 de febrero dos informes preparatorios para la tramitación de dos anteproyectos de ley que suponen un impulso en la lucha contra el terrorismo, como consecuencia de la trasposición de dos directivas de la Unión Europea:

  • la Directiva de la UE 2015/849 relativa al refuerzo de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
  • la Directiva de la UE 2016/681 relativa al Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención de delitos de terrorismo y delitos graves.

 

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

DIRECTIVA DE LA UE 2015/849

 
El 20 de diciembre de 2017, los representantes permanentes refrendaban el acuerdo político alcanzado entre la Presidencia y el Parlamento Europeo sobre la adopción de normas reforzadas de la UE para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El proyecto de Directiva -que forma parte de un plan de acción de la Comisión contra la financiación del terrorismo establecido en 2016- persigue dos objetivos:

  • impedir que se utilice el sistema financiero para financiar actividades delictivas
  • reforzar las normas de transparencia para impedir la ocultación de fondos a gran escala

Principales modificaciones introducidas en la Directiva (UE) 2015/849:

  • Se mejora el acceso a los registros de titularidad real, con la finalidad de aumentar la transparencia en lo relativo a la titularidad de sociedades y fideicomisos. Los registros estarán interconectados para facilitar la cooperación entre los Estados miembros.
  • Se abordan los riesgos relacionados con las tarjetas de prepago y las monedas virtuales.
  • Se mejora la cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros.
  • Se mejoran los controles a terceros países de alto riesgo.

 
Informe sobre el anteproyecto de ley que refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, España incorpora algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.

Aunque la mayor parte de los elementos de la Directiva europea ya están en vigor en España, ahora se incorporan novedades:

  • La ampliación de los colectivos afectados por la Ley, añadiéndose como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo, aquellos que intermedien en alquileres con renta mensual superior a diez mil euros y las plataformas de financiación participativa "crowdfunding".
  •  Se insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias.
  • Refuerzo de los controles para personas con responsabilidad pública “Politically Exposed Persons o PEPs”, que en la actualidad incluyen las de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, equiparándose el control de las personas de responsabilidad pública nacionales.
  • Se crea un registro de prestadores de servicios a sociedades y se modifica el contenido del Fichero de Titularidades Financieras, creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

 
 

 
Con el apoyo de Red.es
Seguridad Nacional un proyecto compartido