La Fuerza Conjunta del G5 Sahel

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La Fuerza Conjunta del G5 Sahel
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La Fuerza Conjunta del G5 Sahel

Antecedentes
 
En 2014, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger crearon, por decisión soberana, el grupo de países G5 Sahel con el objetivo de reforzar la cooperación a nivel regional y enfrentarse a retos de carácter transfronterizo. Desde el inicio, la Unión Europea (UE) decidió apoyar la iniciativa africana, centrándose en tres áreas: el diálogo político, la cooperación al desarrollo, y la seguridad y estabilidad en la región.
                                                    
Dos años más tarde, en febrero de 2017, los jefes de Estado del G5 Sahel decidieron crear formalmente la Fuerza Conjunta G5 Sahel para luchar contra la desestabilización que provocan los grupos armados terroristas en los cinco países, cuyo despliegue obtuvo la autorización y beneplácito de la Unión Africana y del Consejo de Seguridad de la ONU (Resolución 2359(2017)). Se trata de uno de los primeros ejemplos de cooperación regional entre los cinco países del Sahel.
 
Dicha fuerza cuenta con una dotación de 5.000 personas para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de seres humanos y estupefacientes, ayudar a restablecer la autoridad del Estado, el retorno de desplazados, así como facilitar la entrada de ayuda humanitaria y puesta en marcha de programas de desarrollo. Se encuentran repartidos en 7 batallones que centran sus actuaciones en tres regiones transfronterizas: entre Mauritania y Mali (zona oeste); entre Mali, Burkina Faso y Níger (zona centro); y entre Níger y Chad (zona este).
 
 
Situación
                   
Pasados dos años desde su establecimiento, la Fuerza Conjunta aún no ha alcanzado su capacidad operativa total. Burkina Faso, que tiene desde el pasado mes de febrero la presidencia rotativa del G5 Sahel, ha hecho de la puesta en funcionamiento de la Fuerza Conjunta G5 Sahel, una de sus prioridades.
                             
A día de hoy, está operativa al 90% en la zona oeste; al 74% en la zona centro y al 75% en la zona este. Si bien ya se están llevando a cabo operaciones, la falta de equipos, especialmente material pesado, dificulta que la Fuerza Conjunta pueda estar totalmente en funcionamiento.
                        
En el primer trimestre de este año, la Fuerza Conjunta ha participado en 7 operaciones: 2 en la zona este, 3 en la zona centro y 2 en la zona oeste. En cada una de estas zonas, las Fuerzas Armadas de cada país actúan dentro de su territorio nacional, pero en cooperación con las Fuerzas Armadas del país limítrofe, y con un «droit de poursuite» (persecución en caliente) de 50 kilómetros a cada lado de la frontera.
 
Por otro lado, el Acuerdo técnico alcanzado entre la ONU, la UE y la Fuerza Conjunta del G5 Sahel (Resolución 2391(2017) de la ONU) permite prestar apoyo operacional y logístico a través de la MINUSMA a la Fuerza Conjunta únicamente cuando se destine a las fuerzas de defensa y seguridad de los Estados del G5 Sahel en territorio maliense y operen en el ámbito de la Fuerza Conjunta. Por lo tanto, en el marco de este acuerdo, el apoyo tan solo afecta a 2 de los 7 batallones constituidos.
 
A este respecto, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tomaron nota, el pasado 16 de mayo, de la solicitud por parte de los países del G5 Sahel de que la MINUSMA pueda aportar ayuda a todos los contingentes que operan en el marco de la Fuerza Conjunta, y consideraron la próxima renovación del mandato de la misión, prevista para finales del mes de junio, como una buena oportunidad para explorar esta petición.
 
Respecto a la UE, desde febrero de este año, y en el marco de las misiones de política común de seguridad y defensa (PCSD) en la región del Sahel, las misiones civiles de la Unión Europea EUCAP Sahel Mali y EUCAP Sahel Níger pueden ofrecer actividades puntuales y selectivas de asesoramiento estratégico y formación en otros países del G5 Sahel. La misión de entrenamiento de la UE en Mali (EUTM Mali), ya prestaba asistencia a la puesta en marcha de la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel y podrá ofrecer formación fuera de su zona de misión analizando puntualmente cada caso. En este sentido, durante el pasado mes de marzo, un comandante español lideró en Bamako un curso de Puestos de Mando con el que la misión EUTM Mali apoya la plena operatividad de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel.
                             
El mantenimiento de la Fuerza Conjunta en el tiempo depende, en primer lugar, de que se consiga su plena operatividad y funcionamiento autónomo, para lo cual continúa necesitando apoyo internacional. En este sentido, la UE, desde el establecimiento de la Fuerza Conjunta, ha participado con 147 millones de euros para ayudar a su puesta en funcionamiento. Sin embargo, a largo plazo, se espera que los países del G5 financien la permanencia de la Fuerza Conjunta con medios propios, para lo que se necesita una mayor implicación de los países del G5 Sahel en la realización de los objetivos en el terreno.
 
La plena operatividad se vio afectada por el ataque contra el Cuartel General de la Fuerza Conjunta en Sevaré en el mes de junio del año pasado, que provocó la necesidad de reconstruir el Cuartel en Bamako. A raíz de esta reconstrucción, en los últimos días se han producido protestas en la capital de Mali, en contra del nuevo emplazamiento del Cuartel General, puesto que los ciudadanos temen que se produzcan ataques similares.
 
En este sentido, otro de los retos de la Fuerza Conjunta para lograr su mantenimiento, es alcanzar la plena aceptación y apoyo por parte de la población. En noviembre de 2017, el G5 Sahel había solicitado a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) que apoyase la dotación de un componente policial a la Fuerza Conjunta, cuyos principios operativos ya han sido creados y se están llevando a cabo talleres en la región para reforzar la coordinación entre la Fuerza Conjunta y los sistemas de justicia penal nacionales. Se trata de garantizar el respeto a las normas jurídicas, a los derechos humanos, así como la rendición de cuentas, lo cual ayudará a reforzar la confianza y las relaciones con las comunidades locales, especialmente los más vulnerables, elementos esenciales para el asentamiento del estado de derecho en la región.
 

 
 
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