El pasado domingo, día 15 de diciembre 2019, ha finalizado en Madrid la Cumbre del Clima, la número 25 (COP25) desde que en 1994 entrara en vigor la Convención Marco sobre Cambio Climático, ratificada por 197 países. La COP, es el órgano supremo en el que se reúnen las partes de la Convención para adoptar decisiones, revisar su implementación y negociar nuevos compromisos.
España ha venido participando muy activamente en todo el proceso de negociación internacional, en las reuniones anuales de las Partes y del Protocolo de Kioto. La delegación española en la propia COP25 se ha compuesto de más de 600 personas.
La Convención (COP25) ha supuesto un enorme esfuerzo organizativo para España, realizado en apoyo a Chile, país organizador, que por circunstancias internas se vio obligado a renunciar a la organización de los actos y eventos, apenas un mes antes de su comienzo. Este esfuerzo organizativo se ha saldado positivamente, habiéndose recibido más de 20.000 personas de 195 países, más de 50 jefes de estado, gobierno y altos mandatarios de organizaciones internacionales y dando cabida a la representación de gran número de organizaciones y representaciones sociales, que se han involucrado enormemente y demostrado en todo momento la alta preocupación por la evolución climática, siendo muy especialmente destacable la participación de jóvenes de todo el mundo.
La ciudad de Madrid es una ciudad históricamente segura, no obstante, esta seguridad ha sido garantizada, de forma totalmente coordinada, con una alta implicación del Ministerio de Interior, por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y la propia seguridad de Naciones Unidas, contándose con numeroso personal de seguridad privada.
Resultados de la COP25
Las dificultades que el multilateralismo sufre en el actual contexto internacional se han mostrado también en este ámbito y han complicado el desarrollo de la Cumbre y la consecución de resultados. Las dificultades han llegado a provocar que los encuentros se prolongaran dos días más de lo previsto, habiéndose convertido en la COP más larga de la historia.
Aunque gran parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil, e incluso el propio Secretario General de Naciones Unidas ha mostrado un cierto desencanto por el resultado de la Cumbre, lo cierto es que se han conseguido avances, ensombrecidos por otras cuestiones de importancia, en palabras de la Ministra española del ramo, “sentimientos encontrados”.
Se ha producido una fuerte movilización social antes y durante la Cumbre para exigir mayores y más rápidas acciones de los gobiernos, pero el acuerdo ha sido considerado poco ambicioso por los sectores sociales más activos. El reconocimiento a estos actores no gubernamentales se plasma en el mismo inicio del documento acordado en la COP25, que dice “Consciente de los esfuerzos y preocupaciones de la sociedad civil, en particular de la juventud y pueblos indígenas, al pedir una acción climática global urgente y ambiciosa”. De la misma manera el documento hace referencia expresa a los trabajos realizados por los científicos y pide que la acción climática sea coherente con lo que la ciencia dice. Los acuerdos alcanzados se han plasmado en el citado documento titulado “Chile Madrid es tiempo de actuar” (Decision 1/CP.25) [1], aún pendiente de editar, que consta de 36 puntos, del que cabe destacar:
Pide un aumento de la ambición de los compromisos en 2020, siguiendo el calendario marcado en la cumbre de París, incidiendo en la “urgente necesidad” de que los nuevos compromisos de los países salven la brecha existente de los actuales con los que serían objetivos del Acuerdo de París que según los informes científicos[2]. (quizás el más completo fue el anteriormente presentado por el Panel de Expertos de Naciones Unidas (IPCC) remarcaba la enorme importancia de reducir el calentamiento global por debajo del incremento de 1,5ºC sobre las temperaturas “preindustriales”[3]). El nuevo acuerdo sienta las bases para que, en 2020, los países presenten compromisos de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosos para responder a la emergencia climática. La Decisión fue posible tras una intensa jornada de negociaciones y después de que la presidencia chilena de la COP nombrara a la ministra para la Transición Ecológica en funciones, facilitadora de tres puntos clave de la negociación: mayor ambición, Mecanismo de Pérdidas y Daños frente a los impactos del cambio climático y financiación, en la madrugada del domingo, 15 de diciembre.
Sin embargo, menos de la mitad de los países representados se han comprometido a presentar en 2020 unos objetivos más ambiciosos y entre ellos no se encuentran los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Como contrapunto, durante el desarrollo de la Cumbre, la UE ha activado un paquete de medidas para afrontar la emergencia climática, a través de su Nuevo Pacto Verde (Green New Deal); comprometiendose con la neutralidad climática en 2050 y acordando convertir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un “Banco Climático”, lo que permitirá desbloquear un billón de euros de inversión durante la próxima década. Además, el BEI ha anunciado que dejará de financiar proyectos relacionados con las energías fósiles en 2021.
Fuente: ONU
El día 11, Chile presentó los avances en la “Alianza de la Ambición Climática y anunció que 103 países se han mostrado dispuestos a entregar un aumentado plan de acción climática (entre ellos, España).
El punto más conflictivo de las negociaciones ha sido el referente al Artículo 6 del Acuerdo de París, el que aborda los mercados de carbono, mecanismos que permiten el intercambio de derechos de emisiones y que ya funcionan correctamente desde hace 10 años en el mercado interno europeo. Desde el inicio de la Cumbre, se conocía la dificultad de alcanzar acuerdos concretos en esta materia debido a las posiciones encontradas, provenientes de las distintas visiones sobre la posible doble contabilidad (que tanto el comprador como el vendedor se anoten la reducción) y la posibilidad de utilización en mayor o menor medida de créditos de emisiones generadas en el pasado, desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto.
El hecho de haber conseguido abordar este Punto 6 ha sido un gran paso, ya que algunas voces se posicionaban para no llegar ni siquiera a tratar esta materia, de ahí que pese a no cerrar un acuerdo, se ha pospuesto su concreción a la próxima Cumbre, a celebrar en Glasgow.
Otros acuerdos concretados en el documento final y de especial importancia son:
El mecanismo de daños y pérdidas, por el cual los países darán directrices al Fondo Verde para que además de dirigirse a mitigación y adaptación, destine recursos para las pérdidas y daños que sufren los países más vulnerables, afectados por fenómenos climáticos extremos.
Un Plan de Acción de Género para desarrollar medidas que den respuesta al efecto desigual del cambio climático en mujeres y niñas mejorando su papel como agentes del proceso.
El texto recoge el “imperativo” de que la transición hacia un mundo libre de emisiones debe ser justa. “No puede haber políticas de descarbonización sin justicia climática, sin justicia entre generaciones, y sin justicia dentro de la misma generación: mujeres y niñas, trabajadores y consumidores vulnerables o personas que viven en lugares que se verán muy impactados por el calentamiento”.
El acuerdo hace hincapié en las soluciones basadas en la naturaleza para ayudar a cumplir el objetivo del 1,5ºC y en la necesidad de abordar la pérdida de biodiversidad y la lucha contra el cambio climático con un enfoque integral. Respecto a la “adaptación”, el acuerdo se refiere en varios puntos a su importancia. Este marco de trabajo es especialmente importante para España y en particular para la Seguridad Nacional de nuestro país.
Seguridad Nacional
Existe un consenso amplio en que España será uno de los países europeos más afectados por los efectos del cambio climático.
Fuente: European Observation Network for Territorial Development and Cohesion. Programa ESPON 2020 (UE)
Aunque los pasos dados van mostrando importantes progresos, la posición de determinados países con emisiones muy importantes, hace pensar que es necesario avanzar de manera decidida en las medidas necesarias para adaptarse a situaciones provocadas por subidas de las temperaturas cercanas o superiores a los límites deseables y definidos por todos los estudios científicos.
Las estrategias de seguridad nacional, tanto en 2013 como en 2017, y previsiblemente la próxima, entienden la Seguridad Nacional como un concepto amplio, dando un enfoque que vigila la seguridad de los españoles en todos sus ámbitos. Así, la Estrategia de Seguridad Nacional 2017[1], incluye directa y expresamente la Preservación del Medio Ambiente como uno de sus 15 ámbitos de acción y marca varias líneas de acción para conseguir ese objetivo. Entre ellas “el fomento de la coordinación y la creación de sinergias público-privadas para la conservación y mejora del medio ambiente”.
Por otra parte, los efectos del Cambio Climático son también un desafío a la Seguridad Nacional y así se definen en la actual ESN 2017. Como tal desafío reúne dos características que solo se presentan conjuntamente en él: Direccionalidad (ascendente en su intensidad) y transversalidad.
En este mismo sentido, Nancy P. D'Alesandro Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, señala el cambio climático como amenaza para la salud pública y la seguridad nacional [i]
Las interrelaciones que el desafío del Cambio Climático presenta inciden en ámbitos como la seguridad energética, la ordenación de los flujos migratorios o la lucha contra catástrofes y emergencias, causando pérdidas, en vidas humanas y en la economía y que, estando descritos y definidos con cierta precisión requieren una acción inmediata.
Desde el punto de vista de la Seguridad Nacional, materias como la gestión del agua, las sequías, la desertificación, la preparación ante inundaciones o fenómenos costeros, los incendios forestales, la biodiversidad, la gestión de los flujos migratorios o la seguridad energética son absolutamente fundamentales. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es un elemento fundamental que, junto con otros planes y estrategias debe llegar a ser parte fundamental de la Seguridad Nacional y en particular de la seguridad ambiental cuyo peso en el sistema tiende a equipararse con materias como la seguridad pública o la defensa nacional.
