Seguridad Nacional - Última Hora

El plan de respuesta humanitaria de la ONU para Irak para 2018 solicita 569 millones de dólares para asistir a los 3,4 millones de personas que se encuentran en una situación vulnerable. El año pasado esta cifra se elevaba a 6,2 millones. La crisis humanitaria en el país está entrando en una nueva fase. Las operaciones militares contra el Daesh han finalizado y cientos de personas están regresando a sus hogares. Asimismo, continúa el desminado en las zonas donde se ha recuperado el control, se mantienen los trabajos para reparar las infraestructuras esenciales y se han consolidado los campos de desplazados.

La Fragata de la Armada española ‘Victoria’ se ha integrado en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 2 (SNMG-2). El buque participará en la SNMG-2 hasta el próximo mes de mayo junto con unidades de otras naciones aliadas como Reino Unido, Italia, Turquía, Bélgica, Bulgaria o Rumanía, contribuyendo así a la estabilidad internacional y garantizando la seguridad de nuestra sociedad. Las operaciones de las Fuerzas Marítimas Permanentes se enmarcan dentro de la defensa colectiva como propósito fundamental de la OTAN y tienen como misión principal cubrir las necesidades de defensa de los Aliados ante cualquier amenaza, así como mejorar la interoperabilidad y cooperación con países amigos. 

Tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente de la República ha decidido prolongar siete meses el estado de emergencia en el país, en vigor tras los atentados terroristas de 2015 en los que fallecieron 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros. Desde entonces y hasta la fecha, el estado de emergencia ha sido renovado cada tres meses.

Representantes de 24 países de América Latina y el Caribe han adoptado el primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), que se venía negociando desde 2014 y que también recoge la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) declaró que este acuerdo, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, responden a la búsqueda de respuestas de la comunidad internacional para lograr la sostenibilidad ambiental. 

El acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe (33 países) en la Sede de la ONU en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020.

En 2017, los puertos españoles han registrado un tráfico de casi 545 millones de toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 6,96% con respecto al año anterior. Cerca del 85% de las importaciones y el 60% de las exportaciones españolas se realizan por vía marítima. Del total de mercancías, un 38% correspondieron a importaciones y 18,2% a exportaciones. Entre las principales autoridades portuarias, Algeciras registró 101 millones de toneladas (-1,6%); Valencia 73,5 millones (+2,9%); Barcelona 61,4 millones (+26,2%); Cartagena 34,7 millones (+8,8%) o Bilbao 34,3 millones (+6,9%). Por su parte, el tráfico de pasajeros se incrementó un 3,2%, hasta los 29,6 millones.

En la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Defensa de la UE se ha aprobado un programa para la aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), que proporciona dirección y orientaciones estratégicas acerca de cómo estructurar las normas de gobernanza, la hoja de ruta de cómo han de ser los proyectos que se presenten. Además se ha adoptado una lista inicial de 17 proyectos de colaboración, que abarcan ámbitos como la formación, el desarrollo de capacidades y la disponibilidad operativa en materia de defensa. De ellos, España participará en 11 y liderará el proyecto para mejorar la capacidad de mando y control en las operaciones y misiones de Política de Defensa y Seguridad de la UE. 

Los 25 Estados miembros que participan en la PESCO son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Rumanía y Suecia. 

El Gobierno de España ha suscrito, junto con Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Italia y Austria, la declaración ministerial del Grupo de Crecimiento Verde para mantener el impulso en materia de financiación climática y lograr los objetivos establecidos en materia de energía y clima de cara a 2030. Durante la reunión del Grupo de Crecimiento Verde se ha puesto de manifiesto el importante papel que juega la financiación climática de la UE para el logro de los objetivos de 2030, coincidiendo en la importancia de que el próximo Marco Financiero Plurianual diseñe una financiación que sean coherentes con los objetivos de clima y energía a medio y largo plazo, y mantenga el compromiso actual de dedicar al menos el 20% de los recursos a la acción climática.

El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre perspectivas de cosechas y situación alimentaria mantiene la necesidad de asistencia alimentaria externa en 37 países afectados por conflictos o desafíos climáticos. La guerra civil y la inseguridad son las razones directas de las altas tasas de hambruna en 16 de estos países, donde se registran millones de desplazados que obstaculizan las actividades agrícolas e inciden en la subida de los precios de los alimentos de primera necesidad. Por otro lado, el factor climático representa una amenaza creciente para la seguridad alimentaria en el sur y este de África, donde las últimas cuatro temporadas agrícolas han sido afectadas por la sequía. Además, la eliminación de subsidios, el aumento de la demanda, el debilitamiento de las monedas, así como la interrupción de las rutas comerciales tradicionales por la violencia en el Sahel y sus alrededores han propiciado un incremento de los precios de los cereales básicos.

El Grupo de Trabajo Conjunto en materia de migración entre la UE, la Unión Africana (UA) y la ONU, constituida a raíz de la Cumbre UE-UA celebrada en Costa de Marfil en noviembre de 2017, ha asistido a 14.000 migrantes para regresar a sus hogares desde Libia a través de un programa de retorno voluntario. Por otra parte, ACNUR ha evacuado a más de 1.300 refugiados de Libia y asiste a otras 3.800 personas que esperan a que se les otorgue protección internacional. El 26 de febrero la UE aprobó el desembolso de otros 115 millones de euros para apoyar la misión de este Grupo. 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que verifica y supervisa el acuerdo nuclear iraní durante los últimos dos años, ha reiterado que el Gobierno de Irán está cumpliendo con sus compromisos y le ha instado a seguir implementándolos de forma total. Además, ha señalado que el Organismo ha tenido acceso a todas las localizaciones que han sido necesarias visitar. Por último, ha señalado que se ha solicitado a Irán nuevas aclaraciones sobre sus planes de desarrollo del ciclo de combustible nuclear relacionado con la propulsión naval. 

Las Fuerzas Armadas españolas mantienen desplegados 3.079 militares y guardias civiles en un total de 17 operaciones en el exterior y actividades de seguridad cooperativa con otros países (Diplomacia de Defensa). Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano, con 607 cascos azules, y en Irak, con 473 militares. En el marco de la OTAN, entre otras, lucha contra el terrorismo internacional en el Mediterráneo y participa en la defensa de los países bálticos y Turquía. España también está presente en la mayor parte de las misiones que la UE desarrolla en el continente africano, con despliegues en Malí, el más numerosos con 299 militares, República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así como en las operaciones que tratan de impedir el tráfico ilegal de personas frente a las costas de Libia y la piratería en el océano Índico.

La Unión Europea ha mantenido contactos con las autoridades ucranianas y rusas para abordar la situación de suministro de gas en Ucrania y las importaciones desde Rusia, ante el anuncio de la empresa gasista rusa Gazprom sobre la ruptura de los contratos de suministro con su homóloga ucraniana Naftogaz tras la decisión del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo. La UE ha constatado que los compromisos de suministro y tránsito de gas para los Estados miembros, hasta el momento, están siendo respetados. La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas, a instancia de la Comisión Europea monitoriza la situación. La Comisión mostró su disposición a participar y mediar en un proceso trilateral para satisfacer las diferencias entre las partes.